La solución va más allá de mejorar políticas públicas, publicar más legislación laboral o conocer de cabo a rabo los instrumentos jurídicos, la solución está afuera, yendo hacia cada adolescente y velando porque se desarrolle plenamente, aunque trabaje, pero que lo haga con propiedad; y para ello, se necesita de todo el poder coercitivo del Estado, protector de nuestros derechos y garantías.
Denunciar es asimismo una manera de controlar esta situación; en el artículo 315 de nuestro Código Penal, Ley No. 641, en su sexto párrafo dicta que "Quien contrate para el empleo a una persona menor de dieciocho años fuera de los casos autorizados por la ley con fines de explotación laboral, será sancionado con pena de dos a cutaro años de prisión". Sí lo ves, denunciálo, los menores deben ser respetados.
